Juventudes Socialistas de Andalucía aprueba una resolución, en su pasada ejecutiva, en defensa de la Sanidad Universal, la no discrimación y la igualdad.
La inmigración conlleva una enorme gama de situaciones políticas y sociales; se plantea por la casi siempre inevitable diferenciación cultural, económica y social existente entre las poblaciones inmigrantes y las del país de recepción, e incluso entre los mismos inmigrantes cuando proceden de países y hasta de continentes distintos.
El odio, rechazo, desprecio o el miedo ante personas de otras procedencias es una consecuencia adversa de los entornos multiculturales.
Actualmente, España junto a Europa, debe afrontar una nueva realidad intercultural procedente de la inmigración, que va creando cada vez más numerosos grupos de personas inmigradas. Es de suponer que este reto y cara al futuro, suponga un mutuo enriquecimiento y un nuevo ejemplo de solidaridad y generosidad, que por propia experiencia conoce mucho del problema de la emigración.
Aprovechando la actual situación de crisis en la que se encuentra España, el Partido Popular está destruyendo paulatinamente las políticas sociales que durante los últimos cuarenta años, la ciudadanía ha ido adquiriendo gracias en mayor parte a las diferentes etapas de gobierno del Partido Socialista Obrero Español.
Esta situación está afectando a las clases más desfavorecidas, produciendo un grave riesgo de exclusión económica y social, quedando patente las consecuencias que este hecho conllevará para el colectivo inmigrante.
Los recortes de Mariano Rajoy provocarán a partir de septiembre con la entrada en vigor del Real Decreto16/2012, por el que se regula definitivamente la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que las personas inmigradas que se encuentren en situación irregular ya no tendrán derecho a ser atendidos, salvo en determinados casos.
El Real Decreto lo que realmente hace es vulnerar el acceso a la salud pública universal e iniciar su camino a la privatización, haciendo patente un grave perjuicio al principio de Igualdad marcado por la Constitución española.
Se elimina, por tanto, una de las conquistas fundamentales en derechos de la ciudadanía, castigando a las clases más desfavorecidas, vulnerando el Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza el derecho a la salud y a la asistencia médica de cualquier persona.
Andalucía, con un gobierno defensor de las políticas sociales y garante del Estado del Bienestar, ha dicho NO al RD 16/2012, rechazando así el racismo oculto que las políticas conservadoras del Partido Popular quiere implantar.
Juventudes Socialistas de Andalucía rechaza la entrada en vigor del RD 16/2012, al considerar que los derechos de la ciudadanía no deben recortarse, máxime si lo que se pretende con esta medida es la privatización de un servicio público y provocar con ello una fractura social al dividir la ciudadanía en ciudadanos de pleno derecho y no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario