Desde la llegada al Gobierno del Partido Popular hace ya un año, el Estado social y de Derecho ha ido viéndose quebrantado paulatinamente. Las excusas se van acabando y las supuestas directrices que emanan desde Bruselas para paliar el déficit de España se tornan injustas; pero en una época en la que el poder ejecutivo se preocupa más por adoctrinar y provocar mayores desigualdades entre la ciudadanía, en lugar de solventar la grave situación que atraviesa la sociedad en general, produce un retroceso sin parangón, encaminando el sistema actual a una estructura piramidal similar a la del Antiguo Régimen, es decir, retornar a las injusticias sociales provocadas cuando la sociedad se distinguía entre Clero, Nobleza y Tercer Estado.
España es un país con un alto número de pensionistas, la realidad nos habla de casi nueve millones. Pero no es momento de hablar de números, sino de circunstancias y soluciones. Congelando las pensiones para el 2012, el Partido Popular lo único que está provocando es agravar al Estado y perjudicar a las clases más necesitadas, tanto a los afectados en las pensiones contributivas como no contributivas de esta generación, como a los que les sucederán en el tiempo.
Mariano Rajoy y su equipo antes de las elecciones catalanas y gallegas comunicó públicamente que las pensiones en España se revalorizarían. Finalizado el período electoral nuevamente ha demostrado que sus palabras caen en saco roto incumpliendo sus promesas, puesto que con fecha de 30 de noviembre el Partido Popular decidió unilateralmente no actualizar las pensiones en base al IPC. En tan solo un año de gobierno de Rajoy, todas las pensiones han perdido un 1,9% del poder adquisitivo dejándose sin pagar ni compensar el desvío de IP, tal y como venía sucediendo hasta la fecha, mientras que en las dos legislaturas socialistas, el conjunto de las pensiones mínimas y contributivas mejoraron en un 6,3% su poder adquisitivo.
La actuación del gobierno popular se demuestra una vez más como nefasta y perjudicial, así como irrespetuosa con la ley y la Carta Magna, atacando directamente al Art. 9.3 CE, ya que por una parte no actualizar las pensiones en base al IPC para así mantener el poder adquisitivo vulnera el principio de irretroactividad de las leyes no favorables, en cuanto a que este derecho había sido adquirido y empezó a generarse con fecha de 1 de enero de 2012, así como por otra parte suspender el derecho de los y las pensionistas a la revalorización de sus pensiones en 2013 y la sustitución por una medida discrecional es totalmente contraria a la legalidad, puesto que el Art. 9.3 CE prohíbe taxativamente la arbitrariedad de los poderes públicos.
Asimismo y en relación con la justicia, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula las tasas de la Administración de Justicia deja exentos de pago a la jurisdicción penal y a ciertos pleitos relacionados con losderechos fundamentales. Especialmente, se debe hacer referencia a la vulneración del Art. 24.1 CE por el cual se asegura el libre acceso de toda persona a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales, salvaguardando los derechos procesales de la ciudadanía, no incurriendo a indefensión.
Esta nueva realidad judicial produce una limitación en cuanto al acceso a la justicia por parte de la ciudadanía española, así como una reducción de derechos, tornándose en casi inexistentes ante los Tribunales. Por primera vez en la historia reciente de España, las personas físicas tendrán que pagar por defender sus intereses y derechos. Al pago de las tasas, habrá que sumarle un variable que dependerá del dinero que se reclame en el pleito y en el supuesto de hecho de no reclamarse dinero, se ha estipulado una cantidad estándar de 90 euros.
La situación derivará en una merma en la actividad de los juzgados, ya que lo que se ha logrado es el acceso libre e igualitario a la Justicia, pero ello no solucionará los problemas de la Administración en cuanto a la saturación, pues no se aligerará el peso de trabajo ni el desborde con la ilegitimidad de esta medida desproporcionada que impedirá a un alto porcentaje de la población defender sus intereses y derechos.
Las tasas judiciales y la no revisión de las pensiones solo logran un empobrecimiento general y profundizar más en el sufrimiento de las familias y personas que más necesitan de los recursos del Estado. Por ello, Juventudes Socialistas de Andalucía solicita al gobierno de Mariano Rajoy una mayor inversión en el gasto social para poder hacer frente a las necesidades y realidades de la sociedad española, para que no retrocedamos en las conquistas recientes, así como la creación de unos impuestos progresivos y proporcionales, ya que con este rumbo solo se está implantando, de facto, una justicia para ricos y otra para pobres, limitando el acceso a un precepto constitucional en función de los recursos económicos que tenga la ciudadanía, menoscabando el Pacto de Toledo y poniendo en riesgo el futuro del Estado del Bienestar.
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