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Juventudes Socialistas denuncia que el Gobierno actúa "como un martillo pilón" contra la educación pública

Juventudes Socialistas de Jaén denuncia que el Gobierno de Rajoy actúa “como un martillo pilón” contra la educación pública. En 4 meses de Gobierno no ha cesado de poner encima de la mesa medidas que están encaminadas únicamente “a deteriorar la calidad de la enseñanza pública y a preparar el terreno para futuras privatizaciones”

El secretario general de JSA-Jaén, Víctor Torres, considera “intolerable” que el Gobierno se descuelgue ahora con una propuesta de incremento de las tasas universitarias, que viene a unirse al recorte de las becas contemplado en los Presupuestos y que supone una bajada de 166 millones de euros respecto al año anterior.

“El PP quiere que vayan a la Universidad sólo aquellos que tengan dinero para pagársela, lo que constituye un retroceso social sin precedentes en nuestro país en las últimas décadas”, advierte.

Torres recuerda que el Gobierno de Rajoy ya había reducido un 22% el presupuesto en educación para este año y que a esta rebaja hay que añadirle además los 3.000 millones de euros que ahora recortan por sorpresa. “El PP es insaciable en su empeño por cargarse la enseñanza pública y parece que quiere hacerlo por la vía rápida y sin perder un solo segundo”, critica.

En esta línea, ve inadmisibles las medidas anunciadas por el ministro de Educación que van a suponer hasta un 20% de alumnos más en las aulas, el despido masivo de profesores, el aplazamiento de la entrada en vigor de los ciclos formativos de 2.000 horas o la suspensión de la obligatoriedad de ofertar dos modalidades de Bachillerato.

El responsable de JSA-Jaén señala que el PP “está atentando gravemente contra un pilar del Estado del Bienestar como es el de la educación pública, que no sólo garantiza la igualdad de oportunidades, sino que también es un elemento fundamental para el desarrollo económico”. “Invertir en educación es invertir en futuro, porque el progreso de un país también depende de la formación, la investigación y la innovación; eso es lo que el PP está cercenando”, denuncia.

Torres indica que este ataque contra la educación “no es una operación aislada”, sino que forma parte de “una estrategia global del PP para acabar con el Estado del Bienestar” y que se puede constatar en iniciativas como hacer pagar a los pensionistas por los medicamentos o paralizar la aplicación de la Ley de Dependencia.

El secretario general de JSA-Jaén, que participó en el acto de renovación de la Ejecutiva Local de Sabiote, animó por todo ello en su intervención “a dar la batalla en defensa de la educación pública en España”, al tiempo que alabó específicamente “el esfuerzo que se ha hecho en Andalucía y que se va a seguir haciendo para mantener vigentes los derechos conquistados tanto en educación como en sanidad y políticas sociales”.

La nueva Ejecutiva Local de Juventudes Socialistas de Sabiote está integrada por Marco Antonio Martos, como secretario general; José María López Quirós, como vicesecretario general; y Andrés Mota como secretario de Organización. 

Educación planea aumentar un 50% el precio de las matrículas universitarias

Le toca el turno a las enseñanzas superiores. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se reúne esta tarde con las comunidades autónomas para ajustar medidas en las universidades españolas. La Conferencia General de Política Universitaria tiene entre los puntos del orden del día cambiar las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias y los procedimientos de admisión. Esto supone una revisión de las tarifas de las matrículas al alza, según fuentes conocedoras del contenido de la reunión, que cifran el aumento en un 50%.

Los alumnos universitarios españoles pagan ahora entre 900 y 1.000 euros anuales de matrícula, un 15% del coste del curso, que asciende a unos 6.000 euros. Con el incremento, su aportación ascendería a unos 1.500 euros anuales de cuota máxima, lo que implica subir un 10% su aportación hasta cubrir una cuarta parte. La previsión de ministerio es fijar una horquilla para que las comunidades decidan qué porcentaje aplicar en función de las circunstancias de su región y de los objetivos del déficit, según ha señalado hoy la secretaria del Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio. 

Otro de los puntos del debate para recortar 3.000 millones de euros adicionales en el presupuesto de Educación es el aumento de las horas lectivas de los profesores universitarios, después de que el ministro de Educación criticara en el último Consejo de Ministros la "ineficacia" que supone que una proporción "muy elevada del profesorado no está investigando ni generando conocimiento".

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha respondido al ministro que la producción científica española creció un 80% entre 1997 y 2007, hasta constituir "el 3,4% de la producción científica mundial, realizándose dos terceras partes de este porcentaje en las universidades", según señalan en un comunicado, en el que aseguran que España es la novena potencia científica y octava en publicaciones por habitante, "con resultados similares a Japón".

Educación quiere fijar un mínimo de alumnos por titulación como ya han hecho algunas comunidades autónomas. La cifra que se baraja está entre 40 y 50 estudiantes por grupo, según las fuentes consultadas. Según la información que ofreció recientemente el ministro en el Senado, el tamaño medio de un grupo es de 55 alumnos y el 42% de las titulaciones en las universidades públicas no llegaba a ese mínimo en el curso 2008-2009.

Según un estudio de la Fundación BBVA en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) presentado esta semana, un 29% de las titulaciones ofrecidas en 2009-2010 contaban con menos de 40 alumnos por curso, mientras que la media estaba en 94.

En España hay 79 universidades, 50 públicas y 29 privadas, en las que estudian en torno a un millón y medio de alumnos al año. El debate sobre la fusión de las titulaciones es recurrente en los últimos años, aunque en este tiempo la oferta ha aumentado: en el curso 2008-2009 se ofrecieron 2.669 licenciaturas y diplomaturas y en 2011, 2.413 grados y 2.758 másteres oficiales.

La Xunta de Galicia aprobó en diciembre un mínimo de alumnos para sus carreras, entre 45 y 50. Si no lo cumplen dentro de dos cursos, tendrán tres años para captar más estudiantes o deberán presentar un plan de reestructuración. Cataluña ha anunciado una medida similar.

El ministerio anunció el lunes pasado las principales medidas de recorte previstas en la educación obligatoria, dirigidas a reducir las plantillas y a aumentar el número de alumnos por clase. En primaria se pasa de 27 a 30 estudiantes por aula, y de 30 a 36 en secundaria obligatoria. Y se elimina el límite máximo de horas lectivas semanales que imparten los docentes. El mínimo será de 25 horas en primaria (ahora este era el máximo) y de 20 en secundaria (la horquilla iba de 18 a 21).

FUENTE: www.elpais.com

Acuerdo PSOE-IU

Pinchando en el siguiente enlace tendrás acceso al acuerdo alcanzado por PSOE e IU por Andalucía para un gobierno progresista y de izquierdas para los próximos cuatro años:

Acuerdo PSOE-IU por Andalucía

Susana Díaz anuncia un “buen acuerdo” entre PSOE e IU

La secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha anunciado hoy que los socialistas e Izquierda Unida han alcanzado “un buen acuerdo por Andalucía que garantizará durante los próximos cuatro años un gobierno estable y fuerte” en la comunidad autónoma, centrado “en el interés de Andalucía y de sus ciudadanos por delante de los intereses que algunos aplican desde el Gobierno de España”. “Vamos a estar a la altura de los andaluces”, ha asegurado, y ha resaltado que “vivimos un momento histórico porque somos la comunidad autónoma que marcará la diferencia y demostrará que esta crisis se puede afrontar con un modelo económico distinto, que se puede seguir trabajando por el crecimiento y el desarrollo sostenible desde la igualdad. El PP sabe que Andalucía -ha concluido- es la comunidad autónoma donde podemos demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera”.

En una rueda de prensa conjunta con el secretario general del PCE, José Luis Centella, tras un nuevo encuentro de la Comisión de Diálogo PSOE-IU, Susana Díaz ha afirmado que, en base al acuerdo alcanzado, el futuro Gobierno autonómico estará comprometido con la defensa de los ciudadanos, el empleo, la protección social y la igualdad de oportunidades “en el marco del compromiso de la estabilidad presupuestaria”. Díaz ha definido “seis ejes” en el acuerdo político alcanzado entre ambas fuerzas políticas de izquierdas, empezando por el “respeto al desarrollo del Estatuto, que garantiza los derechos de los andaluces y su protección social”. A continuación, ha incidido en el “impulso” común a un nuevo modelo productivo y económico basado en la creación de puestos de trabajo ligada a la investigación, el conocimiento, la internacionalización, las energías renovables y la economía social que permita, al mismo tiempo, apoyar a nuestros sectores tradicionales y también a los emprendedores y a los empresarios responsables que, con su iniciativa, tienen que contribuir a la recuperación de nuestra economía”.

Como tercer eje, ha recalcado el compromiso conjunto con “un diálogo institucional activo con el Gobierno de España”, sobre todo en aspectos importantes como “la fijación de un objetivo de déficit justo y equitativo” entre las comunidades autónomas. El acuerdo político de PSOE e IU contempla también un “compromiso claro” con la austeridad y la ética en el ejercicio de las responsabilidades públicas, con la concertación social y la participación ciudadana en el desarrollo y ampliación de la democracia y con la defensa de Andalucía ante la Unión Europea.

Ha insistido en que PSOE de IU materializan de esta forma el “mandato que los andaluces dieron el pasado 25 de marzo a las fuerzas políticas de izquierda para que llegáramos a un buen acuerdo por Andalucía, que pusiera los derechos sociales, la protección social, el empleo y el desarrollo justo de esta tierra por delante de otros intereses”.

Contra el “repago farmacéutico”

En el extremo opuesto a este acuerdo político alcanzado en Andalucía por las fuerzas políticas de izquierda -y que esta tarde será analizado y aprobado por dirección socialista andaluza- ha situado el “repago farmacéutico” anunciado por el Gobierno de Mariano Rajoy, que en su opinión “vuelve a cargar” las peores consecuencias de la crisis económica “sobre los trabajadores y las familias”, al imponer a los pensionistas el pago de un 10% del coste de los medicamentos y al obligar al resto de los ciudadanos a asumir hasta un 60% del coste. Susana Díaz ha reiterado que el Ejecutivo de la Nación “vuelve a cargar contra la renta de los trabajadores que contribuyen con lealtad con el pago de sus impuestos y no carga a renta de otros que tienen más y que, en muchos casos, no contribuyen con normalidad”.

“Éste es el modelo desequilibrado que no debemos representar en Andalucía”, ha explicado la dirigente socialista, quien ha recordado que estas medidas están “en el BOE (Boletín Oficial del Estado)” y ha certificado que “los andaluces no se equivocaron el 25 de marzo” porque “sabían lo que nos esperaba al conjunto de la ciudadanía de la mano del Gobierno de Rajoy y de la mano del PP”.

Sobre la modificación del gasto autonómico previsto para 2012, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía ha afirmado que, si los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se hubieran conocido antes de las Elecciones Autonómicas, “todas las fuerzas políticas podríamos haber dicho a los ciudadanos cómo podríamos afrontar esos recortes que tenía escondidos Rajoy debajo de la mesa”.

Responsabilidad presupuestaria por los recortes impuestos

Díaz ha asegurado que “somos responsables” y “asumimos que nos vienen impuestos unos recortes a los que tenemos que hacer frente, pero la manera de hacerlo del Gobierno andaluz será diferente a la de otros territorios”, garantizado que las prioridades serán el empleo y el mantenimiento del Estado de Bienestar y ejecutando “los reajustes presupuestarios necesarios para cumplir lo que ha mandatado” el Ejecutivo de la Nación. No obstante, ha reclamado al Gabinete de Rajoy “que vuelva a la senda del diálogo y el consenso y dé participación a las comunidades en las decisiones que afectan a los ciudadanos”, empezando por el establecimiento de la participación autonómica en el objetivo de déficit público.

Díaz avanzó que una medida contemplada en el acuerdo programático de PSOE e IU es “una Agenda por el Empleo que recupera el diálogo social e incluye planes de choque y medidas para quienes tienen más difícil tienen encontrar trabajo o están fuera del mercado laboral”.

Aquí está el copago

"Aquí está el copago". Así de contundente se ha mostrado el secretario de Organización del PSOE, Oscar López, en declaraciones a RNE, donde ha cargado contra la medida sanitaria que el Gobierno planteará a las comunidades autónomas, mediante la cual los pensionistas deberán pagar el 10% de los medicamentos que se les recete. 

Para López se trata de algo "muy grave" y "una nueva mentira e injusticia" del Ejecutivo de Rajoy, que "no ha pactado ni dialogado" con las autonomías. "Hablan de progresividad pero la progresividad ya existe y se aplica en los impuestos", explica López, quien espera más detalles del Gobierno sobre los ajustes en Sanidad. "Veremos qué y cómo se plantea", asegura. 

Los socialistas lamentan que el Gobierno haya "negado el debate" y actúe "por hechos consumados y vía fax". "Estos recortes afectan a algo más importante, a lo estructural del sistema", critica. 

Poco después, desde Lisboa y por vía Twitter, el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha tildado de "nuevo engaño" el "decretazo" de Rajoy, que "penaliza a los pensionistas y a los enfermos crónicos". Rubalcaba está en Portugal en una reunión con los socialistas portugueses.

La consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha criticado esta medida, tomada "con alevosía y nocturnidad", por considerar que es "injusta" al "pasar factura de la crisis a los que menos responsabilidad tienen: los pensionistas y los asalariados".

Montero cree que esta medida supone "bajar las pensiones" e "impacta en el bolsillo de los ciudadanos". "No tiene coherencia con un modelo serio y plantea que paguen los enfermos por sus medicamentos". 

El consejero de Sanidad del Gobierno vasco, Rafael Bengoa, también ha rechazado la medida por considerar que existen otras alternativas al copago.  

Para el PP es "sensato y razonable"

Desde el PP, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, cree que la reforma sanitaria del Gobierno es la más importante de las últimas tres décadas y que se ha creado para "salvar la sanidad española". Así lo ha asegurado el consejero a la puerta del Ministerio de Sanidad, donde ha acudido a la reunión con la ministra Mato que mantendrán todos los consejeros, informa Paula Díaz.

Para Echániz, esta reforma permitirá la "viabilidad, pervivencia y salvación" del Sistema Nacional de Salud que permitirá a las autonomías ahorrar costes. El consejero conservador ha descartado que el copago se aplique a la asistencia sanitaria y considera que la medida planteada por el Ministerio de pagar un tope de 10 euros mensuales es algo "sensato" y "razonable".

FUENTE: www.publico.es

JSE afirma que lo que se esconde detrás del copago sanitario impuesto por el PP no es la economía sino su ideología

Los jóvenes socialistas aseguran que la propuesta del PP genera el ‘estado del malestar’ entre los ciudadanos que ven recortar, día tras día, sus derechos

JSE acusa al Gobierno de Mariano Rajoy de cobardía al no dar la cara para explicar los recortes con los que está hundiendo al país

Juventudes Socialistas de España (JSE) afirma que “el copago sanitario que va a imponer el PP responde a su ideología conservadora y no a las modificaciones económicas que debe hacer el país para salir de la crisis”. El secretario general de la organización, Sergio Gutiérrez, considera que “hacer pagar a los pensionistas parte de los medicamentos es el colmo de la política neoconservadora que está llevando a cabo el Gobierno y que se basa en hacer pagar el precio de la crisis a quienes menos tienen”.

La organización califica la actitud de Rajoy de “cobarde” pues “no ha sido capaz de dar la cara ante los ciudadanos para explicar el hachazo en derechos sociales que está hundiendo el país”. Gutiérrez, además, acusa al Gobierno de “tirar por el camino fácil ya que en vez de buscar nuevas fórmulas para afrontar la crisis se ha dedicado a recortar, recortar y recortar derechos sociales y servicios públicos”. Y añade que “más que un Gobierno nuevo parece un gobierno gastado cuyas políticas responden a una mentalidad económica obsoleta”.

El Secretario General, también afirma que “es indigno que el PP introduzca el copago cuando ha boicoteado la subasta de medicamentos en Andalucía que permitiría contener el gasto en dicha partida”. Y recomienda al Gobierno “seguir el ejemplo de la Comunidad andaluza que  está buscando nuevas formas de salir de la crisis sin atacar la sanidad y la educación”.   

Además, los jóvenes socialistas aseguran que “parece que el Gobierno del PP no se cansa de mentir a los ciudadanos”. Y recuerdan que “Rajoy empezó mintiendo durante la campaña electoral y no ha parado desde entonces: el copago sanitario, los recortes en educación, la subida de impuestos…son sólo algunos de los ejemplos en los que el Presidente del Gobierno ha mentido a los ciudadanos descaradamente y por los que ha perdido toda credibilidad”. 

Por último, Sergio Gutiérrez advierte que “gracias al PP estamos cambiando el Estado del Bienestar por ‘el estado del malestar’ en el que los ciudadanos ven recortar sus derechos sociales a la vez que el Gobierno les hace repagar por todo lo que se sostiene ya con sus impuestos”. 

Gutiérrez: “El Gobierno está aniquilando el Bachillerato y destruyendo la educación pública”

La organización considera que la posibilidad que da el Gobierno a los institutos de poder ofertar sólo un Bachillerato discrimina las zonas rurales, rompe la igualdad de oportunidades y muestra el desconocimiento que tiene el PP de la realidad del país

Para Juventudes Socialistas de España (JSE) las medidas presentadas ayer por el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, ejemplifican el “programa oculto del PP con el que están ‘cargándose’ los derechos sociales, los servicios públicos y el Estado del Bienestar”. Sergio Gutiérrez, secretario general de JSE, afirma que “el Gobierno está aniquilando el Bachillerato al condicionar las posibilidades de muchos jóvenes a elegir su opción preferente de estudio”.

Para la organización “la decisión del Gobierno de que los institutos puedan ofertar sólo un Bachillerato (ciencias o letras) discrimina a las zonas rurales, rompe la igualdad de oportunidades y muestra el desconocimiento que tiene el PP de la realidad del país”. Gutiérrez critica, además, que “en las grandes ciudades esta medida puede pasar más desapercibida pero en las zonas rurales supone una catástrofe ya que el alumno tendrá que elegir entre desplazarse a otro instituto para estudiar lo que quiere, quedarse en el suyo estudiando una modalidad que no desea o no estudiar”.

Los jóvenes socialistas denuncian, además, que “la excusa de Wert de ahorrar gasto en educación modificando el Bachillerato es mentira pues al final se incrementarán costes como los del transporte escolar al tener que trasladar a los alumnos a otros institutos”.  Y aseguran que “todas las medidas que está llevando a cabo el Gobierno demuestran que su pretensión no es otra que la de eliminar derechos sociales creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Por último, JSE entiende que “lo único que conseguirá Rajoy aumentando la ratio de alumnos, incrementando las horas lectivas al profesorado y modificando el Bachillerato será la existencia de varias generaciones perdidas por la falta de formación y oportunidades”.

Wert plantea el aumento de las horas lectivas y de los alumnos

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se reunirá este lunes con los responsables autonómicos de Educación bajo un único punto en el orden del día, analizar su 'plan general de ajustes y reformas' para Primaria y Secundaria.

Concretamente, estudiarán la forma de acometer el recorte de 3.000 millones de euros que podría apoyarse en la revisión del ratio de alumnos por aula y el número de horas que trabajan los docentes en España.

En la reunión del 31 de enero con los responsables autonómicos, Wert ya adelantaba estos planteamientos y anunciaba que elhorario lectivo de los profesores se mantiene entre 17 y 18 horas semanales, pasará a ser de 21 o 22. 2012-2013 y se prevé que el año siguiente sean Castilla y León, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana quienes amplíen la jornada laboral de sus profesores. El objetivo es hacerlo extensivo a todo el país.

Sobre el número de alumnos por aula, que actualmente está fijado en 25 en Primaria y 30 en Secundaria, declaró que podría aumentar un 10%. Los sindicatos ANPE, UGT y CC.OO. creen que los niveles actuales son los "adecuados" y que aumentarlos supondría regresar a la "masificación", niveles que se registraban hace tres décadas. También detallan que si el alumnado fuera homogéneo no supondría un problema para el rendimiento, pero las aulas españolas son diversas y apuntan a que un mayor número de estudiantes puede dificultar la integración y la atención personalizada a quien más lo necesite. Además, señalan la posible desaparición de aulas en zonas rurales, donde hay clases para nueve niños o menos.

Posible aumento en las tasas universitarias

Este jueves, el ministro también presidirá el Consejo General de Universidades para concretar los recortes en este sector de los 3.000 millones de euros. Las medidas que impondrá Wert estarán relacionadas con el incremento de las tasas de matriculación para los grados y cursos de máster, así como plantea un aumento de las horas lectivas del profesorado universitario.

Todavía el ministro no ha confirmado estas acciones en público, pero en varias ocasiones ha asegurado que la Universidad pública es prácticamente gratuita y la ha comparado con la de otros países. En España, el Estado subvenciona el 85% de la matrícula y los alumnos pagan el importe restante.

En la actualidad, son las comunidades autónomas las que deciden cuánto aumentar o reducir el precio de los créditos universitarios cada año, moviendo las tasas en una horquilla fijada por el Gobierno tomando como mínimo el IPC y como máximo, cuatro puntos por encima de este indicador. En el curso 2011-2012, el Ejecutivo ha marcado una subida mínima del 3,6% y un tope del 7,6%.

Es por eso que el precio de la matrícula varía en función del lugar donde se cursen los estudios, pudiendo pagar 557,4 euros en Andalucía por la primera matrícula o 1.400 euros en Cataluña, comunidad que este curso ha aplicado la subida máxima permitida.

Mientras, Asturias y Madrid aumentaron el precio medio de matrícula en un 5%, seguidas por Castilla y León (4,8% en primer y segundo ciclo y 6,7% en grados), Andalucía (4,3%), Murcia (4,1% en primer y segundo ciclo y 5% en grados) y Navarra (4%). Así, en Madrid el primer curso puede costar entre 843,4 y 1.316 euros y en el País Vasco de 885 a 1.363, mientras oscilará entre los 591 y los 835,8 en Galicia y en Murcia estará entre 606,6 y 934,2 euros en función de la carrera que se elija.

Los universitarios españoles pagaron de media 10,71 euros por crédito matriculado por vez primera en la experimentalidad mínima y 16,13 en la máxima en enseñanzas de primer y segundo ciclo; y 12 y 18,58 euros, respectivamente, en las titulaciones de grado, conforme los datos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), pero el precio de la matrícula varía en función del lugar donde se cursen los estudios.

FUENTE: www.publico.es

JSE advierte al Gobierno de que si elimina el Consejo de la Juventud tendrán una respuesta contundente

Los jóvenes socialistas acusan al PP de “abandonar a los jóvenes al reducir la subvención a la entidad y plantearse su supresión”

La organización afirma que “al Gobierno lo único que le interesa es salir de la crisis a costa de recortar derechos sociales, desmontar el Estado del Bienestar y suprimir entidades como el CJE que permiten avanzar a la juventud”

Juventudes Socialistas de España (JSE) advierte al Gobierno de que “si elimina el Consejo de la Juventud (CJE) tendrá una respuesta contundente por parte de la organización”. Sergio Gutiérrez, secretario general de JSE, afirma que “no vamos a tolerar que Rajoy fulmine una entidad como el CJE que es necesaria para fomentar la participación de la juventud en la política, la sociedad, la economía y la cultura”. Y añade que “de seguir por este camino al PP no le va a quedar nada que recortar pues está acabando con todo”.

Gutiérrez considera, además, que “al PP no le basta con reducir el presupuesto del CJE en más de un millón de euros (ha pasado de 2,8M€ a 1,7M€) sino que ahora pretende eliminar una institución que durante sus 30 años de existencia ha logrado consensuar políticas juveniles entre organizaciones de distinta índole”. “Al final – asegura Gutiérrez–  el Gobierno está demostrando que lo único que le interesa es salir de la crisis a costa de recortar derechos sociales, desmontar el Estado del Bienestar y suprimir entidades como el CJE que permiten avanzar a la juventud”.

Además, la organización acusa al PP de sufrir “el síndrome de los recortes” desde que llegó al Gobierno pues “no ha hecho otra cosa que reducir, suprimir y redistribuir los derechos y prestaciones sociales a la clase media mientras amnistía a grandes defraudadores, avala las subvenciones a la Iglesia y otorga más poder a los empresarios”.

Los jóvenes socialistas acusan al Gobierno de “irresponsabilidad y abandono” al “recortar en más de un millón de euros las subvenciones destinadas al asociacionismo juvenil ya que es, precisamente, ahora cuando es más necesario”. Gutiérrez, recuerda, además, que “si el PP piensa eliminar el CJE porque considera que es una institución politizada se puede ir olvidando de ello pues el Consejo recoge la pluralidad ideológica, política, religiosa y social gracias a las 76 entidades juveniles que forman parte de él”.

JSE se opone rotundamente a la supresión del CJE y pide al Gobierno que “deje de atacar a los jóvenes a los que ya les ha eliminado la RBE, les ha suprimido el préstamo renta universitario y ha empeorado su situación laboral facilitando el despido”. Además, critican que “una de las pocas entidades estatales que les queda a los jóvenes para dar respuesta a sus problemas e inquietudes se encuentre en la cuerda floja por un Gobierno irresponsable que valora más la austeridad económica dictada por los mercados que el bienestar de su sociedad”.

Por último, el Secretario General denuncia “que la existencia del CJE es un derecho de los jóvenes que no vamos a permitir que el PP elimine” y advierte a Rajoy de que “si finalmente suprimen el Consejo pueden estar seguros de que tendrá el rechazo de JSE”.

¿Quién paga los gastos de las cacerías del Rey?

España, acosada por la crisis económica y el jefe del Estado se dedica a la caza de elefantes.

Hoy, el Monarca se encuentra hospitalizado tras un accidente ocurrido precisamente mientras cazaba en Botsuana. Un comunicado de la Casa Real ha informado con diligencia del accidente, pero ha ocultado las circunstancias lamentables del mismo. Como hizo en 2006, cuando el Rey se vio implicado en un suceso lamentable durante la caza de un oso en cautiverio en Rusia.

Rusia abrió una investigación

En aquella ocasión, la Zarzuela confirmó que Don Juan Carlos había estado cazando, pero negó que hubiera matado a un pobre “oso amaestrado” al que habían emborrachado con vodka durante la cacería “organizada por el rey de España”. Los medios de comunicación rusos se revolucionaron con aquel asunto y el gobernador de la región de Vólogda, Viacheslav Pozgaliov, llegó a abrir una investigación. De acuerdo con las versiones de la prensa local, el monarca español llegó a la mencionada población en un avión de la Fuerza Aérea con un séquito de 29 personas, tras reunirse a orillas del mar Negro con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Su Alteza Real Juan Carlos mató a Mitrofan de un disparo”, decía una carta del guarda forestal sobre la muerte del oso, que fue reproducida por los medios rusos.

La escopeta que el Rey ordenó fabricar

No era la primera vez que el Rey dedicaba fondos a su causa. Según desveló Vanitatis, entre la amplia colección de escopetas con que cuenta el Monarca, se incluye un arma que se hizo fabricar “con un diseño ultramoderno con dos cañones superpuestos adaptados al tiro de perdiz” durante “una mala racha en la que atinaba poco”.

Indignante

En la denuncia del partido animalista se consideraba “indignante que mientras las protectoras de animales, que desempeñan una labor encomiable y altruista, se quedan sin subvenciones y sufren los devastadores efectos de la crisis, el Estado financie la actividad ociosa del Rey Juan Carlos, que consiste en la matanza de animales por puro placer”.

Jefe del Estado

El gusto del jefe de Estado por la caza es cuestionable desde dos puntos de vista, primero porque es una práctica altamente costosa, censurable especialmente en un momento de extrema crisis económica, con más de 5 millones de parados y con familias españolas en una situación precaria. En segundo lugar, desde el punto de vista moral, ya que no precisamente un buen ejemplo para los más jóvenes, que deberían ser educados en el respeto por los animales.

En 1990 fue prohibida la caza de elefantes en África

Por otra parte, en particular la caza de elefantes es una de las más polémicas porque muchos expertos han advertido de su peligro de extinción y por el negocio del tráfico de marfil. En 1990 se prohibió totalmente su práctica en todos los países de África, aunque se siguen matando miles de ejemplares cada año. Actualmente, su prohibición a nivel internacional no queda clara ya que hay países donde está permitida, como Sudáfrica, y otros, como Camerún, donde está perseguida y penada.

FUENTE: www.elplural.com

"El Gobierno quiere volver a la universidad de los años 60"

“Quieren desmantelar la universidad pública y que vuelva a ser como la de los años 60:elitista”. Así ha recibido Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes, el anuncio del Gobierno de que llevará a cabo una reforma en el sistema universitario.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aprobó la creación de una comisión de expertos que estudiará las posibles medidas a tomar para terminar con las “ineficiencias” de la universidad, “que contrastan con el esfuerzo inversor que se está realizando en este ámbito”, define el comunicado del Ministerio.

El 30% de abandono o que no haya ninguna entidad española entre las 150 mejores universidades del mundo son algunas de las deficiencias enumeradas por Wert. Por ello, el ministro considera que el sistema necesita “un cambio” y basa parte de su argumento  en su “dispersión”. “En España hay 79 universidades y 236 campus universitarios, mientras que en California (con una población parecida a la española) sólo hay 10 universidades”, señaló.  

Teresa Miras, la presidenta de la comisión de expertos designada por Wert, también apuntó en la misma dirección. “Han aumentado tanto las universidades  y las titulaciones que ahora hay que hacer el ajuste”, declaró a Europa Press. “No se puede tener licenciaturas con un número muy reducido de alumnos porque exige el mismo número de profesores”, argumentó.

Para Delgado, “es evidente que quieren echar el cierre, con las diferencias de territorialidad que eso va a generar”, opinó. “Dejarán centros en ciudades grandes como Madrid, Barcelona o Sevilla, ¿y el resto qué?”, se preguntó el representante estudiantil.

Fidel González, portavoz de la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Centros y Universidades (Faest), también opina como Delgado. “En la reforma de Wert hay implícita una racionalización del sistema universitario que podría llevar a la supresión de alguna universidad, de algunas materias y, sobre todo, de bastantes recursos”, señaló a Europa Press.

“Puede haber un debate sobre la eficiencia de las universidades, pero antes debe garantizarse el acceso a las mismas”, continuó González. "La universidad tiene que ser el centro de la investigación, un referente en I+D+i y, para ello, como mínimo, se debe mantener la inversión", concluyó el portavoz de Faest.

Delgado, por su parte, lamentó también que en la comisión de expertos “no haya ningún representante del profesorado, ni del personal administrativo ni de las asociaciones estudiantiles”. “Ninguno de los que realmente conocemos las deficiencias y necesidades de la universidad estamos representados en ese consejo, creado para aniquilar la universidad", apostilló.

“La masificación de las aulas, la subida de tasas año tras año, los precios públicos que no son tan públicos o la falta de material para las prácticas son algunos de esos problemas”, matizó el secretario general del Sindicato de Estudiantes. González, de Faest, añadió la implantación del plan Bolonia como una de las deficiencias del sistema, porque “no ha contado con la inversión suficiente para poder llevar a cabo el cambio metodológico necesario”.

FUENTE: www.publico.es